La Primera Sala Constitucional de Lima impuso una multa de 20 Unidades de Referencia Procesal (S/10 700) al procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, tras declarar improcedente su pedido para suspender la emisión de una sentencia relacionada con la inscripción del partido Unidad Popular (UP), liderado por Duberlí Rodríguez.
El caso generó tensiones entre autoridades judiciales y electorales debido al impacto directo que tendría sobre el calendario electoral de las Elecciones Generales 2026.
El conflicto se originó a raíz de un proceso de amparo en el que una resolución de primera instancia ordenó inscribir a Unidad Popular en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), lo que permitiría a la agrupación participar en los próximos comicios. El JNE apeló el fallo y pidió suspender la sentencia de segunda instancia, argumentando que existía una medida cautelar del Tribunal Constitucional (TC) dentro de un proceso competencial por presunta afectación a las competencias del organismo electoral.
Sin embargo, la Sala declaró improcedente el pedido y calificó la actuación del procurador como temeraria, de mala fe y con “conducta dolosa”, imponiéndole la multa. Frente a ello, Angulo interpuso un recurso de apelación y cuestionó la resolución. En declaraciones a RPP, afirmó que la Sala “ha llevado un tema judicial a un terreno personal” y calificó la sanción de “arbitraria y desproporcional”.
Debate por impacto en el calendario electoral
Uno de los puntos más sensibles del caso es el efecto que la inscripción de UP podría tener en el cronograma de las Elecciones 2026. Angulo advirtió que ordenar la inscripción de un partido fuera de plazo podría desencadenar un efecto dominó.
“La sentencia afecta el calendario electoral porque ordena que se inscriba a un partido que está fuera del plazo. Ya pasó la etapa de inscripción de organizaciones políticas para participar en las elecciones de 2026”, declaró.
El procurador señaló que permitir el ingreso extemporáneo de una agrupación “por la ventana” afectaría la seguridad jurídica, y abriría la posibilidad de que otras organizaciones que quedaron fuera también exijan su inscripción.
Unidad Popular rechaza la postura del JNE
Por su parte, Unidad Popular emitió un comunicado acusando al JNE de actuar con “prepotencia y arbitrariedad” al no cumplir con la orden judicial. Además, sostuvo que en otros casos, como la anulación de la inscripción del partido ANTAURO, el organismo sí acató mandatos judiciales.
“¿A qué intereses obedece el JNE?”, cuestionó la agrupación política al cierre de su pronunciamiento.
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