El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, cuestionó al Poder Judicial luego de que el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declarara inaplicable la ley que modificó las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en el proceso relacionado con el Instituto de Defensa Legal (IDL).
La resolución judicial generó una inmediata reacción del titular del Legislativo, quien puso en cuestión el rol del Poder Judicial dentro del sistema democrático y su relación con los otros poderes del Estado. A través de un pronunciamiento público, Rospigliosi sostuvo que el PJ no aplica determinadas normas aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo.
“El PJ tiene que aplicar las leyes que el Congreso aprueba y el Gobierno promulga. Así funciona la división de poderes. Pero eso no ocurre en el Perú”, afirmó el parlamentario, al señalar que algunas decisiones jurisdiccionales responderían a criterios ideológicos antes que a una interpretación estricta de la ley.
En esa misma línea, Rospigliosi atribuyó estas actuaciones a una supuesta influencia de determinados sectores dentro del sistema judicial y afirmó que existen normas que no se aplican porque no resultan convenientes para dichos grupos. En la parte final de su pronunciamiento, el legislador planteó la necesidad de adoptar “soluciones radicales” y llamó a “barrer” el Poder Judicial.
Las declaraciones del presidente encargado del Congreso se produjeron luego de que el Instituto de Defensa Legal se pronunciara sobre el fallo que lo favoreció. En un comunicado, la organización sostuvo que la resolución judicial representa un restablecimiento de derechos y una garantía para el acceso a la justicia.
“Esta sentencia constituye un acto de restablecimiento de los derechos de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil para acceder a la justicia y a la verdad”, señaló el IDL, al destacar la importancia del fallo en el marco de la defensa de derechos fundamentales.
La controversia vuelve a poner en debate la relación entre el Congreso y el Poder Judicial, así como los límites de la actuación de cada poder del Estado en un contexto de creciente tensión institucional.
