La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó, por insistencia, las modificaciones a la Ley 26549 que regulan el funcionamiento de las instituciones educativas privadas en el país. El dictamen recibió 22 votos a favor y una abstención, superando las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a proyectos de ley presentados entre 2022 y 2023.
La medida apunta a ordenar y formalizar la oferta educativa privada mediante definiciones más precisas sobre la naturaleza de estos centros, mayores exigencias para su autorización y el fortalecimiento de las competencias del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales en materia de supervisión y fiscalización.
Entre los cambios, la norma establece un régimen de sanciones diferenciadas —leves, graves y muy graves— para las instituciones que operen sin autorización o incumplan las condiciones básicas del servicio educativo. También regula los procesos de matrícula, el cobro de pensiones y el cierre de servicios educativos.
Asimismo, las modificaciones amplían las obligaciones de información hacia los padres de familia, con el objetivo de reforzar la transparencia y proteger a los estudiantes frente a servicios educativos informales, en un contexto de crecimiento sostenido de la educación privada en el país.
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