El presidente de la República interino, José Jerí, tuvo una diligencia clave ante el Ministerio Público en medio de crecientes cuestionamientos por su conducta y la falta de transparencia en su gestión. El mandatario respondió a la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias, en el marco del caso conocido como ‘Chifagate’, que involucra reuniones privadas no registradas y accesos irregulares a Palacio de Gobierno.
La declaración fue tomada en Palacio por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien se trasladó con un equipo de fiscales y representantes de la Procuraduría. Jerí hizo uso de una prerrogativa avalada por el Tribunal Constitucional, que le permite fijar el lugar de su interrogatorio y limitar el número de sesiones.
Tras la diligencia, el fiscal Gálvez informó que el presidente autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y se comprometió a entregar el reporte de llamadas de los números que utilizó. La medida busca esclarecer reuniones que no figuran en el registro oficial, entre ellas una cita del 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang, realizada en un restaurante de San Borja. Jerí sostuvo que se trató de una actividad por el “Día de la Amistad Perú-China” y minimizó la omisión del registro, atribuyéndola a su “dinámica de trabajo”.
La Fiscalía también indaga los ingresos a Palacio del empresario Ji Wu Xiaodong, investigado por tráfico ilegal de madera, así como el episodio del 6 de enero de 2026, cuando Jerí ingresó a un local clausurado por la Municipalidad de Lima. Aunque el mandatario aseguró que solo fue a “comprar caramelos”, las autoridades buscan determinar si existió una intervención indebida.
Si bien la investigación contra el presidente es preliminar y limitada por la Constitución, el caso vuelve a poner en evidencia un patrón preocupante: reuniones que tratan de ocultarse, explicaciones poco convincentes y una constante apelación a vacíos legales.
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