La Subsecretaría General del Despacho Presidencial declaró improcedente el pedido para que el Estado asuma los gastos de defensa legal de la expresidenta Dina Boluarte en la investigación que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La decisión se adoptó luego de que la Oficina General de Asesoría Jurídica evaluara la solicitud presentada por la exmandataria y la disposición fiscal correspondiente. En su análisis, el área legal concluyó que los hechos materia de investigación —relacionados con un supuesto incremento patrimonial respecto a los ingresos obtenidos durante el ejercicio del cargo entre marzo y diciembre de 2024— no guardan relación con el desempeño regular de sus funciones como presidenta de la República.
Según el documento oficial, el presunto delito se configuraría por un incremento patrimonial injustificado de carácter personal, el cual no constituye ni deriva del ejercicio de atribuciones o decisiones propias del cargo. En ese sentido, se determinó que no corresponde otorgar el beneficio de defensa y asesoría legal con recursos del Despacho Presidencial para este caso específico.
No obstante, la Subsecretaría General sí aprobó que el Estado financie la defensa de Boluarte en otras cuatro investigaciones fiscales.
El primer proceso corresponde al presunto delito de falsedad genérica en el denominado caso Cirugías. De acuerdo con la tesis fiscal, la exmandataria habría suscrito normas oficiales en fechas en las que, según documentación médica y testimonios, se encontraba bajo reposo posoperatorio tras una intervención quirúrgica realizada el 28 de junio de 2023. La investigación sostiene que dicha condición se habría extendido durante su permanencia en una clínica y posteriormente en su domicilio.
Asimismo, el Despacho Presidencial autorizó la cobertura de su defensa en investigaciones por presuntas lesiones leves y graves vinculadas a las muertes registradas durante las protestas contra su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
El cuarto proceso está referido al presunto delito de cohecho. Según la hipótesis del Ministerio Público, la exmandataria habría intervenido directa o indirectamente para evitar o paralizar investigaciones fiscales que involucraban a personas de su entorno, mediante coordinaciones con asesores. También se le atribuye haber solicitado el archivo de investigaciones seguidas en su contra y contra su hermano, en el marco de un presunto acuerdo que habría incluido decisiones administrativas como el cese del jefe de la Sunat.
Con esta resolución, el Despacho Presidencial delimita los alcances del beneficio de defensa legal estatal, diferenciando entre procesos vinculados al ejercicio de la función pública y aquellos que, según el análisis jurídico interno, tendrían carácter estrictamente personal.
