Promesa de campaña del APRA enfrentan dudas sobre viabilidad – Prensa arequipena

Durante un encuentro organizado por la Asamblea de Diálogo para el Desarrollo de la Región Ayacucho, el candidato al Senado por el Partido Aprista Peruano (APRA), Eduardo Morales Gálvez, presentó propuestas relacionadas con violencia de género, salud mental y programas sociales.

Entre sus planteamientos destacó la realización de un censo nacional de víctimas de violencia, la creación de casas de reposo para mujeres afectadas y el fortalecimiento de los centros de salud mental comunitarios con presupuesto propio y tecnología avanzada.

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No obstante, varias de estas propuestas generan interrogantes al compararse con la normativa vigente. El país ya cuenta con mecanismos de registro y atención a víctimas establecidos en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, además de servicios como los Centros Emergencia Mujer y los Hogares de Refugio Temporal.

En materia de salud mental, el Perú cuenta con la Ley de Salud Mental del Perú, que impulsa el modelo de atención comunitaria mediante centros especializados. Especialistas señalan que los principales retos del sistema están relacionados con la falta de profesionales y la continuidad de los tratamientos, más que con la creación de nuevos mecanismos presupuestarios.

El candidato también mencionó la recuperación de programas de empleo temporal para poblaciones vulnerables. Sin embargo, iniciativas de este tipo ya existen a través del programa Llamkasun Perú, orientado a generar trabajo temporal mediante proyectos de infraestructura básica.

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Asimismo, varias de las propuestas planteadas implicarían asignaciones presupuestarias. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 79 que los congresistas no tienen iniciativa de gasto público, lo que limita la posibilidad de crear o ampliar partidas presupuestarias directamente desde el Congreso.

Aunque las propuestas del candidato abordan problemas sociales relevantes, analistas señalan que su implementación enfrenta desafíos legales, presupuestarios y operativos que no fueron detallados durante su exposición.

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