El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó una solicitud al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, para desarticular la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Según argumentó, esta instancia se alinea a “presuntos estándares internacionales” y tendría un “sesgo ideológico antes que responder a los intereses nacionales”.
La Fiscalía de Derechos Humanos, creada para investigar graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno (1980-2000), cumple funciones relacionadas con la exhumación de víctimas, identificación de restos y procesos judiciales en curso. De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más de 6 mil restos humanos han sido recuperados desde el 2002, en un contexto en que aún se investigan miles de casos sin responsables juzgados.
La iniciativa de Muñante se suma a otras propuestas legislativas, como la llamada “Ley de Amnistía”, impulsada por su bancada, que busca evitar condenas contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía investigados por delitos graves cometidos durante el periodo de violencia interna.
Diversos sectores han señalado que este tipo de medidas generan debate sobre el rol de la justicia transicional en el país. Mientras un sector cuestiona el accionar de la Fiscalía, otros sostienen que se trata de una de las pocas instancias encargadas de esclarecer los hechos de violencia y brindar respuestas a las familias de las víctimas.
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