La bancada de Fuerza Popular, a través de la congresista Patricia Juárez, presentó un proyecto que busca reimplantar la figura de los jueces sin rostro en los procesos por crimen organizado, una práctica que fue aplicada en los años noventa y posteriormente retirada por vulnerar derechos fundamentales.
La iniciativa propone que los magistrados actúen bajo anonimato, con el argumento de proteger su integridad frente a organizaciones criminales. Sin embargo, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han expresado su rechazo, al considerar que esta medida contradice los principios del debido proceso y afecta la transparencia de la justicia.
Diversos especialistas recuerdan que la figura fue eliminada por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras comprobarse violaciones a derechos de los acusados. Reimplantarla implicaría incumplir compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
El debate se da en medio de críticas a recientes leyes que, según juristas, ya debilitan la lucha anticorrupción y el trabajo fiscal, como la Ley N°31751 sobre prescripción de delitos, la N°31990 que reduce los plazos de colaboración eficaz y la N°32108 que modifica la definición de organización criminal.
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