El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra los congresistas que aprobaron su vacancia y contra la expresidenta Dina Boluarte, argumentando que la destitución ocurrida el 7 de diciembre de 2022 —tras su fallido intento de golpe de Estado— no cumplió con los requisitos legales establecidos en el reglamento del Congreso.
Según la denuncia, la vacancia se aprobó con 101 votos, cuando el reglamento exige cuatro quintas partes del número legal de congresistas, es decir, 104 votos. El documento indica que el día de la votación estuvieron presentes 110 congresistas, mientras que 14 estuvieron ausentes, 4 contaban con licencia oficial, 1 con licencia por enfermedad y 1 estaba suspendido, sumando un total de 130 miembros del Congreso.
Castillo también sostiene que no se le permitió ejercer su derecho a la defensa, señalando que “no tuve abogado particular ni de oficio”. Además, acusa a los legisladores y a Dina Boluarte por presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal de cargo y aceptación ilegal de cargo.
El caso se encuentra en trámite judicial, mientras que el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia Exp. 1803-2023-PHC/TC del 20 de febrero de 2024, declaró improcedente un hábeas corpus interpuesto por Castillo. El Tribunal determinó que la vacancia por permanente incapacidad moral se produjo desde el momento en que Castillo leyó su mensaje a la Nación el 7 de diciembre de 2022, al intentar establecer un gobierno de facto, y no con la votación del Congreso.
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