El 2025 se perfila como uno de los años más violentos para el ejercicio del periodismo en el Perú, especialmente en regiones, donde la prensa enfrenta asesinatos, atentados y agresiones sin una respuesta efectiva del Estado. En lo que va del año, tres periodistas fueron asesinados en La Libertad, Loreto e Ica, mientras otros comunicadores sobrevivieron a ataques armados vinculados a investigaciones sobre corrupción y crimen organizado.
Pese a la existencia de mecanismos formales de protección, gremios periodísticos advierten que estos no funcionan en la práctica. Las investigaciones avanzan lentamente y, en muchos casos, solo se busca a los autores materiales, dejando en la impunidad a quienes ordenan los crímenes. A ello se suman agresiones provenientes incluso de agentes vinculados al poder político, lo que agrava el clima de hostilidad contra la prensa.
Organizaciones como la ANP e IPYS alertan que el debilitamiento de la libertad de prensa pone en riesgo la democracia, más aún ante el proceso electoral de 2026. El Perú cayó 53 posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa, reflejando un retroceso grave en garantías para informar. Sin protección real, ejercer periodismo crítico continúa siendo una actividad de alto riesgo.
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