El ministro de Justicia, Walter Martínez, confirmó que presentará ante el Consejo de Ministros un proyecto para disolver el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). La propuesta busca responder a los problemas de seguridad que, según el Ejecutivo, se originan dentro de los penales y terminan afectando a la ciudadanía.
La SUNIR nacerá de la fusión entre el INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej). Martínez aseguró que no se trata solo de un cambio de nombre, sino de la desaparición del actual instituto y la creación de una entidad con una estructura distinta. El objetivo es contar con una gestión más rápida y centralizada que permita tomar decisiones sin las demoras que genera el actual Consejo Nacional Penitenciario.
Uno de los cambios anunciados es la eliminación de dicho consejo y su reemplazo por un jefe de la superintendencia, quien tendrá amplias facultades para dirigir el sistema. Además, se plantea descentralizar servicios que hoy funcionan solo en Lima, como el Grupo de Operaciones Especiales, la Oficina de Asuntos Internos y los órganos disciplinarios, con la intención de reforzar el control en los penales de las regiones.
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El contexto en el que se plantea esta reforma es crítico. Actualmente, el país cuenta con 69 establecimientos penitenciarios que albergan a más de 104 mil internos, pese a que la capacidad instalada es de alrededor de 40 mil plazas. A esta situación se suma un serio déficit de personal, ya que solo unos 6 mil agentes de seguridad están a cargo de la custodia. Para la SUNIR, el Ejecutivo proyecta una carrera pública especializada, con procesos de capacitación, ascensos y depuración de malos elementos.
En materia tecnológica, el ministro señaló que se mantendrá el contrato para el bloqueo de señales de celulares en los penales, aunque reconoció que el sistema es vulnerado desde el exterior. Por ello, se coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para detectar y eliminar antenas ilegales instaladas en los alrededores de las cárceles.
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Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. El exjefe del INPE, Julio Magán, advirtió que disolver la institución no resolverá los problemas estructurales del sistema penitenciario. Recordó que desde 2016 no se construyó ningún nuevo penal, mientras la población reclusa sigue en aumento. Para Magán, el problema central es la falta de inversión sostenida en infraestructura, personal y condiciones laborales.
En la misma línea, el exdirector ejecutivo del INPE, Germán Small, sostuvo que en los últimos diez años se declararon varias emergencias y reorganizaciones sin resultados concretos. A su juicio, la creación de la SUNIR no será suficiente si el Estado no asume el sistema penitenciario como una verdadera política de Estado, con presupuesto adecuado y decisiones de largo plazo.
