La Nueva Carretera Central, una de las obras más esperadas por la Macro Región Centro del país, atraviesa un momento de incertidumbre tras la decisión del gobierno de José Jerí de resolver el contrato con la empresa francesa EGIS, encargada de la asistencia técnica del proyecto. Aunque el Ejecutivo asegura que el acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia sigue vigente, la medida genera preocupación en regiones como Junín, Pasco y Huancavelica, que dependen de esta vía para su desarrollo económico y social.
La Carretera Central es considerada, junto con la Panamericana, una de las rutas más importantes del Perú. Conecta Lima con la sierra central y permite el traslado de productos agrícolas, mineros e industriales hacia los principales mercados del país. Sin embargo, la vía actual se encuentra saturada, con frecuentes accidentes, derrumbes y largas horas de congestión. Por ello, la Nueva Carretera Central fue concebida como una solución estructural para reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad y fortalecer la integración de la Macro Región Centro con la capital.
El proyecto fue planteado bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con Francia y contemplaba una inversión cercana a los S/24 000 millones, financiada íntegramente con recursos públicos. Dentro de ese esquema, la empresa EGIS cumplía el rol de oficina de gestión del proyecto, brindando asistencia técnica al Estado peruano. No obstante, Provías Nacional, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), notificó el pasado 3 de febrero la resolución definitiva del contrato con dicha empresa.
Según el documento oficial, la decisión se basa en antecedentes de corrupción y malas prácticas reconocidas por empresas del mismo grupo económico de EGIS en otros países. Estas incluyen sanciones impuestas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como la admisión de actos de corrupción ante un tribunal en París. Para el Estado peruano, mantener un contrato con una empresa con ese historial representaba un riesgo legal y ético, además de un posible daño a la imagen del país.
IMPACTO REGIONAL
En una entrevista con RPP, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, expresó su indignación al señalar que ni su gestión ni el comité multisectorial que hace seguimiento al proyecto fueron informados oportunamente. Según indicó, la Carretera Central ya acumula más de 450 días de retraso y esta nueva controversia podría agravar aún más la situación.
Cárdenas cuestionó que un gobierno en la recta final de su mandato tome una decisión de este tipo sin mayor transparencia y advirtió que la salida de la empresa de asistencia técnica podría paralizar el avance del proyecto. Desde su perspectiva, los principales afectados serían los ciudadanos de la sierra central, quienes esperan desde hace más de cinco años el inicio efectivo de las obras.
Provías Nacional salió a aclarar que no se canceló el acuerdo con el Gobierno de Francia, sino únicamente el contrato con la empresa EGIS. La directora ejecutiva de la entidad, Claudia Dávila, aseguró que se pidió a la Embajada de Francia proponer otra empresa que garantice solvencia técnica y ética, y que los proyectos no se verán afectados en su ejecución.
El Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que el conjunto de proyectos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno representa el 8.9 % del PBI, en un contexto donde existen miles de obras sin financiamiento asegurado. Ante ello, el gobierno evalúa nuevas formas de financiamiento, como asociaciones con el sector público.
