La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que cumplirá con la orden del Poder Judicial de entregar las listas de electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021 al partido Fuerza Popular, en el marco de un proceso de hábeas data. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos por parte de la agrupación política liderada por Keiko Fujimori.
El fallo, emitido por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, dispone que la ONPE remita la información tanto en formato digital como físico. No obstante, establece que deben excluirse datos sensibles como fotografías, firmas manuscritas y huellas dactilares, en cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales.
Según informó la entidad electoral, las listas contienen los nombres completos y números de DNI de más de 18,8 millones de ciudadanos que participaron en la segunda vuelta.
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ENTREGA DE INFORMACIÓN Y COSTOS
La ONPE precisó que la entrega digital se realizará en el corto plazo. En cambio, el envío físico tomará más tiempo debido al volumen de documentos, que supera los dos millones y medio de páginas.
El Poder Judicial también determinó que el costo de las copias certificadas asciende a más de S/17 millones, monto que deberá ser asumido por Fuerza Popular si decide acceder a este formato. La entidad explicó que este cobro responde a los gastos operativos y al proceso de certificación requerido.
Además, la ONPE indicó que aplicará un procedimiento de anonimización antes de la entrega, con el fin de proteger la información personal de los electores, tal como lo exige la ley.
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CUESTIONAMIENTOS Y ANTECEDENTES
A través de un pronunciamiento público, Fuerza Popular expresó su rechazo a las condiciones establecidas. El partido consideró que el costo representa una “barrera económica” y cuestionó que la información sea entregada sin elementos como firmas o huellas.
“La transparencia no puede tener precio”, señaló la agrupación, que también calificó la entrega como “información parcial”.
En esa línea, Keiko Fujimori calificó de “inaudito” que su partido deba asumir el costo millonario para acceder a los documentos, y reiteró que buscan esclarecer lo ocurrido en los comicios de 2021.
Cabe recordar que, tras la segunda vuelta de ese año, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó como ganador a Pedro Castillo, luego de revisar y resolver cientos de impugnaciones presentadas.
Diversos organismos nacionales e internacionales, como la misión de la Organización de los Estados Americanos, así como investigaciones del Ministerio Público, no encontraron evidencias de fraude electoral. Incluso, hasta 2024, la Fiscalía archivó múltiples denuncias relacionadas con presuntas irregularidades.
La ONPE reiteró que su actuación responde estrictamente a lo dispuesto por el Poder Judicial y a la legislación vigente, subrayando que la protección de los datos personales es una obligación legal.
