El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunció que la institución dejará de difundir públicamente cifras sobre la criminalidad en el país y recomendó a la prensa y a la ciudadanía consultar los reportes oficiales disponibles. La declaración se produjo este martes 24 de marzo, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana frente al incremento de hechos delictivos.
“Yo hoy día ya no quiero pronunciar una cifra más. Dejo que vayan a las cifras oficiales”, sostuvo Arriola en declaraciones a RPP. El jefe policial afirmó que la institución sí trabaja con estadísticas internas, pero evitó detallar los motivos específicos por los cuales ya no se compartirán estos datos de manera directa.
En esa línea, indicó que existen plataformas institucionales donde se pueden revisar los registros; sin embargo, no precisó cuáles contienen información actualizada ni cómo acceder a ella de forma inmediata. Esta situación ha generado interrogantes sobre la disponibilidad y oportunidad de los datos vinculados a la seguridad ciudadana.
Arriola también defendió las acciones operativas de la PNP, señalando que se realizan intervenciones de manera permanente en todo el país. Según indicó, se vienen obteniendo resultados en la captura de presuntos responsables de delitos como extorsión, homicidio y sicariato.
Cabe recordar que, en declaraciones previas, el comandante general cuestionó las cifras de homicidios reportadas por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), calificándolas como “absolutamente falsas e irreales”. Argumentó que los registros policiales serían menores debido a diferencias en los procesos de consolidación de la información, como los reportes de necropsias.
Por su parte, el analista de datos Juan Carbajal señaló que la información sobre denuncias delictivas proviene principalmente del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), el cual se publica a través del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. No obstante, explicó que estos datos suelen actualizarse de manera mensual y pueden tardar entre dos y tres semanas en cargarse, lo que limita su utilidad para un seguimiento inmediato.
Asimismo, indicó que no existe una base de datos abierta que permita a la ciudadanía descargar y analizar la información de manera detallada, lo que dificulta la comprensión de tendencias y patrones delictivos.
Desde el ámbito académico, el politólogo Alejandro Mejía consideró que la decisión de no difundir cifras de manera directa puede impactar en la percepción de transparencia institucional. Señaló que, al tratarse de un funcionario público, existe la responsabilidad de comunicar información relevante sobre la lucha contra la criminalidad.
La medida se da en un escenario en el que la seguridad ciudadana se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población. En ese contexto, el acceso a información clara, oportuna y verificable continúa siendo un elemento clave para el seguimiento de las políticas públicas en materia de seguridad.
