El Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa de diversos proyectos de ley que establecen el incremento de pensiones para maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial (CPM), con montos que podrían alcanzar hasta 3.500,70. La norma, que había sido observada previamente por el Poder Ejecutivo, obtuvo 82 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
La medida dispone que los docentes beneficiarios reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, con el objetivo de garantizar ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas y acceder a una vida digna tras su retiro.
El alcance de la ley incluye a maestros de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944, así como a afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). El monto específico será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu).
Durante la sustentación del dictamen, la vicepresidenta de la Comisión de Economía, Ana Zegarra Saboya, destacó el rol de los docentes en la formación de millones de estudiantes en el país, señalando que la medida busca reconocer su aporte al sistema educativo.
No obstante, la aprobación de la norma ha generado cuestionamientos sobre su viabilidad. El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, advirtió que la aplicación de la ley dependerá de que el Estado garantice el financiamiento necesario.
“Si no se asegura el presupuesto para esta ley, estamos hablando de una norma que nace muerta”, señaló, al remarcar que la principal preocupación del magisterio es que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo respalden la medida con recursos concretos.
El dirigente también cuestionó que algunas normas aprobadas recientemente carezcan de sustento presupuestal inmediato, lo que —según indicó— dificulta su cumplimiento. En esa línea, anunció que el gremio evaluará acciones para exigir la implementación efectiva de la ley.
De esta manera, aunque la aprobación representa un avance en el reconocimiento económico a los docentes retirados, su ejecución queda sujeta a la asignación de recursos por parte del Estado, lo que mantiene en incertidumbre a miles de beneficiarios.
