Nueve congresistas denunciados o investigados por presuntos recortes de salario a los trabajadores de sus despachos —el caso conocido como “mochasueldos”— estarían proyectando su postulación a diferentes cargos para las Elecciones Generales 2026.
Uno de los casos más destacados es el del congresista José Arriola, que asumió con Acción Popular y en 2024 pasó a Podemos Perú. Arriola fue denunciado por exigir entre el 10% del sueldo y hasta el 50% de los bonos de sus antiguos trabajadores, según declaraciones recogidas en las investigaciones.
También figura Rosío Torres (Alianza para el Progreso, APP), acusada de exigir parte del salario de su personal a través de su sobrino, Juan Pérez Guerra. Aunque el Congreso archivó la denuncia, la Fiscalía mantiene abierta la investigación.
Otra parlamentaria implicada es Heidy Juárez, quien comenzó en APP y se pasó a Podemos Perú en 2022. Cuatro extrabajadores la acusaron de descontar parte de sus sueldos. La Comisión de Ética la sancionó con una amonestación pública y una multa equivalente a 30 días de salario.
En el caso de María Acuña (APP), fue denunciada por un exempleado, Carlos Herrera, quien aseguró que su salario era parcialmente cubierto por aportes de otros trabajadores de su despacho. Aunque el Congreso archivó esta denuncia, el tema sigue en debate público.
A María Agüero (Perú Libre) se le acusa de pedir un 10 % de sueldo a su personal. La Comisión de Ética recomendó suspenderla 120 días sin goce de haber, pero la medida aún no se ha debatido en el Pleno.
Magaly Ruíz (APP) enfrenta acusaciones de extrabajadores que aseguran que les exigía aportes mensuales de S/ 1 500 para mantenerlos en una comisión que ella presidía. Aunque el Congreso archivó ese caso, la investigación continúa en la Fiscalía.
Desde Acción Popular, Hilda Portero fue denunciada por pedir aportes a sus colaboradores para financiar la compra de sillas de ruedas para una campaña que lideraba. La Comisión de Ética archivó el caso, pero la fiscalía sigue indagando.
Alejandro Soto (APP) habría solicitado “aportes voluntarios” de parte de su equipo para costear su promoción en redes sociales. Esta denuncia también fue archivada por el Congreso.
Finalmente, Katy Ugarte, electa originalmente por Perú Libre y ahora en Juntos por el Perú, fue acusada de recortar salarios para financiar pagos a medios en Cusco con el fin de mejorar su imagen. Fue suspendida por 30 días, y la Fiscalía declaró su caso como complejo.
A menos de un año de las elecciones, la presencia de estos nombres en las listas electorales plantea serios interrogantes sobre los filtros institucionales y la rendición de cuentas en torno a denuncias laborales en el Congreso.
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