El Congreso aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, medida que ha generado fuertes cuestionamientos de especialistas, organizaciones ambientales y representantes indígenas, quienes advierten que la prórroga, sin reformas estructurales, podría profundizar la minería ilegal en el país.
Analistas sostienen que el Reinfo, creado como un mecanismo temporal, no ha cumplido su objetivo de formalizar la actividad minera y, por el contrario, habría permitido que operaciones ilegales se mantengan bajo un marco de aparente legalidad, debilitando la capacidad de fiscalización del Estado.
El director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, alertó que la minería ilegal mueve alrededor de 4 mil millones de dólares anuales, recursos que podrían infiltrarse en la política y financiar campañas electorales, representando una amenaza para la democracia. A ello se suma la propuesta de reincorporar unos 50 mil registros excluidos del Reinfo, lo que, según expertos, ampliaría los márgenes de impunidad.
Desde el ámbito ambiental e institucional, el exministro Gabriel Quijandría y representantes del sector empresarial coincidieron en que se requiere una política integral y mayor fiscalización, mientras que defensores ambientales e indígenas advirtieron riesgos para los derechos humanos, la seguridad de las comunidades y el cumplimiento de pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Con una segunda votación realizada este 17 de diciembre, se aprobó el dictamen que extiende el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal hasta el 31 de diciembre del 2026.
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