Expertos y expertas de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la reciente aprobación de la “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” en el Congreso de la República, al considerar que la norma representa un posible retroceso en la protección de derechos humanos en el Perú.
La legislación, aprobada el 19 de noviembre de 2025, elimina el enfoque de género de la normativa vigente y lo reemplaza por una definición basada exclusivamente en el sexo biológico. Según el pronunciamiento internacional, este cambio obliga a modificar políticas públicas vinculadas a igualdad, educación, salud y derechos humanos.
Los especialistas de la ONU señalaron que sustituir el enfoque de género debilita las herramientas destinadas a enfrentar desigualdades estructurales que afectan principalmente a mujeres, niñas y personas de género diverso. Advirtieron que la nueva definición ignora las dimensiones sociales y culturales del género y las brechas históricas asociadas a ellas.
Uno de los puntos que genera mayor alerta es la eliminación de referencias a la educación sexual integral y a los derechos sexuales y reproductivos. La norma establece que la educación sexual deberá basarse en criterios científicos, biológicos y éticos, alineados con las convicciones morales de los padres. Para los expertos internacionales, esta modificación podría limitar acciones de prevención frente a la violencia, el embarazo adolescente y otras situaciones de riesgo.
El pronunciamiento también cuestiona las disposiciones que restringen la cooperación del Estado con organizaciones de la sociedad civil que presenten demandas o denuncias contra el país. Según la ONU, estas medidas podrían afectar la labor de personas defensoras de derechos humanos y debilitar el control ciudadano.
Asimismo, los expertos alertaron sobre la eliminación del requisito de armonizar las políticas públicas con los tratados internacionales ratificados por el Perú, lo que consideran una señal de debilitamiento de las obligaciones internacionales del Estado.
La norma fue aprobada con 68 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones, y deroga la Ley 28983, vigente desde 2007. Durante el debate parlamentario, se advirtió que la reforma podría contradecir compromisos asumidos por el país en convenios internacionales sobre igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Ante este escenario, Naciones Unidas instó al Gobierno peruano a observar la ley y a reafirmar su compromiso con la igualdad, la no discriminación y el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos.
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