Indecopi advierte que los colegios privados no pueden obligar a las familias a comprar uniformes, útiles escolares o materiales didácticos en tiendas o marcas específicas, y que hacerlo constituye una infracción que puede ser sancionada con multas de hasta 450 UIT, equivalentes a más de 2.475.000 soles.
A través de un comunicado dirigido a padres, tutores y representantes legales, la entidad precisó que este tipo de prácticas vulnera el derecho a la libre elección del consumidor y afecta directamente el presupuesto familiar en el marco de la campaña escolar. La conducta es tipificada como falta de idoneidad en la prestación del servicio educativo privado.
Según cifras oficiales, entre 2021 y 2025 se impusieron 647 sanciones vinculadas a este rubro en distintas regiones del país, acumulando más de 1.189 UIT en multas. La institución señaló que en los últimos años se ha identificado un patrón recurrente de incumplimientos relacionados con la exigencia de proveedores determinados y con listas de útiles que no se ajustan a criterios pedagógicos.
El organismo supervisor también recordó que ningún colegio puede exigir la entrega de la lista completa de útiles el primer día de clases. La provisión de materiales debe realizarse de manera progresiva y el plazo mínimo para su entrega es de 30 días calendario después del inicio del año escolar. Asimismo, está prohibido solicitar artículos que no estén directamente vinculados al proceso de aprendizaje.
Indecopi enfatizó que los padres tienen derecho a elegir libremente dónde adquirir los productos escolares, buscando opciones acordes a sus posibilidades económicas. Además, los textos escolares no necesariamente deben ser nuevos, salvo en el caso de cuadernos de trabajo diseñados para un solo uso. La participación de los apoderados en la elección de libros también constituye un derecho que debe ser respetado por las instituciones educativas.
En cuanto al impacto económico de la campaña escolar, proyecciones de un gremio empresarial estiman que el gasto en útiles y materiales puede oscilar entre 600 y 1.200 soles por alumno, dependiendo del grado y de los requerimientos establecidos por cada plantel, incluyendo en algunos casos textos especializados y dispositivos tecnológicos.
La entidad indicó que, ante cualquier irregularidad relacionada con la imposición de proveedores, cobros indebidos o exigencias no permitidas, las familias pueden presentar un reclamo formal para que se investigue el caso y, de corresponder, se apliquen las sanciones previstas por la normativa vigente.
