El Perú conmemora un nuevo 8 de marzo en medio de cifras que reflejan una violencia sostenida contra las mujeres y un escenario normativo en debate. Más de 130 mujeres fueron víctimas de feminicidio el último año, según reportes oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mientras miles de casos de violencia física, psicológica y sexual continúan siendo atendidos en los Centros de Emergencia Mujer en todo el país.
En Ayacucho, el movimiento Manuela Ramos advirtió que la fecha no es de celebración, sino de memoria y exigencia frente a desigualdades estructurales que afectan a mujeres, niñas y adolescentes. La organización sostuvo que la violencia sigue siendo la brecha más grave y visible, con impactos que se profundizan en zonas rurales donde el acceso a servicios del Estado es limitado.
El contexto actual incorpora además un elemento político. El Congreso modificó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, introduciendo cambios en las referencias al enfoque de género y a la educación sexual integral. Desde el colectivo señalaron que estas variaciones pueden influir en el diseño de políticas públicas destinadas a prevenir la violencia y reducir brechas históricas.
A nivel nacional, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que el embarazo adolescente persiste, especialmente en contextos de pobreza. Especialistas han advertido que la maternidad temprana limita la continuidad educativa y reduce las oportunidades de inserción laboral formal, lo que incide directamente en los niveles de ingreso y desarrollo.
El mercado laboral también refleja desigualdades. Según cifras oficiales, las mujeres en Ayacucho presentan mayores tasas de informalidad y menores ingresos promedio en comparación con los hombres. A ello se suma la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado no remunerado, que recae mayoritariamente en ellas y restringe su autonomía económica.
En el ámbito político, aunque las mujeres representan el 50,43 % del padrón electoral —según el Jurado Nacional de Elecciones— su presencia en cargos de elección regional y local sigue siendo reducida. Actualmente, menos del 10% de los gobiernos regionales están encabezados por mujeres, pese a la vigencia de normas de paridad y alternancia.
Frente a este panorama, el movimiento llamó a ejercer un voto informado en las próximas elecciones del 12 de abril, señalando que las decisiones de las autoridades impactan en la continuidad o modificación de políticas vinculadas a derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación y una vida libre de violencia.
