El candidato al Senado por Juntos por el Perú, Humberto Morales Ramírez, sostiene que el principal problema de la descentralización en el país no radica en la transferencia de funciones, sino en la limitada asignación de recursos a los gobiernos subnacionales.
Según indicó, el actual esquema mantiene una alta concentración del presupuesto en el Ejecutivo, lo que restringe la capacidad de acción de regiones y municipios. “El 80 % del presupuesto nacional lo maneja el Ejecutivo. De ese 20 % restante, solo el 12 % corresponde a los gobiernos regionales y el 8 % a los gobiernos locales”, señaló.
En esa línea, cuestionó que la descentralización vigente sea únicamente administrativa y no económica, lo que, a su criterio, impide una verdadera reducción de brechas territoriales y limita el desarrollo en zonas alejadas del país.
Morales advirtió que la creación de nuevos distritos o unidades administrativas no resuelve el problema si no va acompañada de mayores recursos. Afirmó que muchas de estas jurisdicciones terminan con presupuestos insuficientes, lo que afecta la provisión de servicios básicos y la ejecución de obras públicas.
Asimismo, señaló que la falta de presencia estatal y la debilidad institucional en algunas zonas contribuyen al crecimiento de economías informales e ilegales, especialmente en áreas con alta vulnerabilidad.
En ese contexto, mencionó la situación del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde identificó la presencia de remanentes vinculados a actividades ilícitas. Sostuvo que este escenario está relacionado con la limitada intervención del Estado y la ausencia de políticas efectivas de desarrollo.
“El problema está en la redistribución equitativa de la riqueza y en una descentralización real de los recursos”, afirmó, al señalar que el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales es clave para mejorar la gobernabilidad en el país.
Morales planteó que una reforma del modelo de descentralización permitiría mejorar la gestión pública en territorios alejados, reducir la informalidad y generar condiciones más equitativas de desarrollo económico y social.
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