En el Perú, los embarazos forzados en niñas menores de 14 años continúan registrándose como una grave problemática de derechos humanos que revela profundas deficiencias en la protección estatal de la niñez. Solo en 2025, 993 menores de entre 0 y 14 años atravesaron embarazos, de acuerdo con cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV) del Ministerio de Salud (Minsa). Uno de los casos correspondió a una niña de apenas 10 años.
La situación no muestra señales de mejora. En enero de 2026, los registros oficiales ya superan los 40 casos, e incluyen situaciones particularmente alarmantes, como la convivencia forzada de una menor con su presunto agresor. Especialistas advierten que estos datos reflejan no solo la persistencia de la violencia sexual infantil, sino también la falta de respuestas oportunas y eficaces por parte del Estado.
Este escenario se agrava en un contexto político e institucional que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, tiende a normalizar prácticas que revictimizan a las niñas. Las recientes declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui, quien afirmó dirigir un albergue donde niñas de entre 10 y 13 años son acogidas para llevar sus embarazos hasta el parto, generaron preocupación entre especialistas, al considerar que estas experiencias evidencian fallas estructurales en la garantía de derechos fundamentales.
Para Rocío Gutiérrez, presidenta del movimiento feminista Manuela Ramos, las cifras dan cuenta de una emergencia social sostenida. “Estamos frente a un grave problema de derechos humanos, justicia social y políticas públicas que el Estado no está atendiendo de manera efectiva”, señaló. La especialista precisó que los embarazos infantiles no constituyen hechos aislados, sino el resultado de una cadena de violencias asociadas a la pobreza, la discriminación y la exclusión social.
Gutiérrez recordó que, en el caso de niñas menores de 14 años, la ley peruana reconoce que todo embarazo es consecuencia de un delito de violación sexual. En ese sentido, obligar a las menores a continuar con la gestación configura una forma de revictimización. Esta postura es compartida por la abogada feminista Clea Guerra, quien sostuvo que el embarazo forzado es considerado una forma de tortura, al sumarse la violencia sexual inicial con la negativa estatal de garantizar procedimientos legales que protejan la vida y la salud de las niñas, como el aborto terapéutico.
Las especialistas coinciden en que el problema no radica en la ausencia de normas, sino en su incumplimiento. El Ministerio de Salud cuenta con protocolos para la atención integral de niñas víctimas de violencia sexual; sin embargo, las barreras administrativas, la falta de información y la atención tardía provocan que muchas menores no accedan a derechos reconocidos por la ley dentro de los plazos establecidos.
En esa línea, la exministra de la Mujer Diana Miloslavich planteó la necesidad de investigar las rutas de derivación que sigue el Estado en estos casos, especialmente tras las declaraciones sobre albergues donde niñas son obligadas a culminar embarazos no deseados. Señaló que corresponde conocer la posición oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el rol que cumplen las Unidades de Protección Especial en la atención de estas situaciones.
Los riesgos asociados a la maternidad impuesta en la infancia son múltiples y duraderos. De acuerdo con especialistas, las niñas enfrentan entre cuatro y seis veces más probabilidades de sufrir complicaciones durante el embarazo, el parto y el posparto, además de impactos severos en su salud mental, como depresión, ansiedad y riesgo de suicidio. En el ámbito social, la maternidad forzada suele implicar el abandono escolar y la pérdida de redes de protección, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.
Organizaciones de derechos humanos advierten que los discursos que normalizan o presentan como positivas estas prácticas contribuyen a invisibilizar la violencia sexual y desplazan la responsabilidad del agresor hacia el cuerpo de la niña. Mientras las cifras continúan en aumento, especialistas coinciden en que el desafío para el país es asumir, desde el Estado y la sociedad, la responsabilidad de garantizar que ninguna menor sea obligada a enfrentar una maternidad impuesta por la violencia y la desprotección institucional.
Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no emitió un pronunciamiento oficial sobre el tema.
